El agua que llega a los grifos de Monterrey sale, en su mayoría, de acuíferos que la propia Comisión Nacional del Agua (Conagua) clasifica como sobreexplotados o sin disponibilidad legal para una sola concesión más. Es el caso más visible de un patrón nacional: la disponibilidad de agua por habitante en México cayó de 17,742 a 3,656 metros cúbicos en siete décadas, y la Conagua proyecta que bajará a apenas 3,285 metros cúbicos para 2030.
El caso de Nuevo León
Una investigación basada en registros de la Conagua encontró que 13 de los 23 acuíferos de Nuevo León operan con disponibilidad negativa, de acuerdo con el Acuerdo de disponibilidad que la dependencia publicó el 9 de noviembre de 2023, la medición oficial vigente.1
En esos acuíferos, lo ya concesionado más el volumen que la ley reserva para sostener ríos y manantiales iguala o supera lo que la lluvia repone cada año. En conjunto, arrastran un déficit de 381 millones de metros cúbicos anuales, lo que significa que no queda agua disponible legalmente para una sola concesión adicional.1
Dos de esas fuentes, Campo Mina y Campo Buenos Aires, abastecen directamente a la zona metropolitana de Monterrey y están entre los cuatro acuíferos que la Conagua clasifica oficialmente como sobreexplotados en el estado.1 Según el estudio de disponibilidad del acuífero del Área Metropolitana de Monterrey, actualizado en 2024, la ciudad utiliza 169 millones de metros cúbicos de agua subterránea al año para agua potable, pero solo 28 millones provienen del acuífero que está debajo de la propia ciudad; el resto, más del 80%, se trae de Campo Mina, Campo Buenos Aires y los túneles del Cañón del Huajuco.

Una tendencia que no es local
El patrón regiomontano reproduce, a menor escala, la trayectoria nacional. El Programa Nacional Hídrico 2026-2030 documenta que la disponibilidad per cápita de agua en México ha pasado de 17,742 a 3,656 metros cúbicos por habitante en siete décadas, y advierte que la población y la actividad económica se concentran precisamente donde hay menos agua: las zonas centro y norte tienen solo 32% de la disponibilidad nacional renovable, pero ahí vive el 77% de la población y se genera el 82% del PIB.2
La asimetría territorial es extrema. Mientras estados del sureste como Chiapas registran más de 20,000 metros cúbicos de agua renovable por habitante al año, la Ciudad de México y el Estado de México se ubican apenas en 73 y 268 metros cúbicos por habitante, respectivamente, según datos de Conagua de 2019 recuperados en análisis recientes.3
Lo que hay que saber
- Acuíferos sobreexplotados
De los 653 acuíferos del país, 114 están catalogados por Conagua en déficit no crítico (Zona 2) y 178 en déficit crítico (Zona 1), según el anteproyecto para el ejercicio fiscal 2026.[^4]
- Nuevo León
13 de 23 acuíferos estatales tienen disponibilidad negativa y arrastran juntos un déficit de 381 millones de metros cúbicos al año.[^1]
- Proyección a 2030
La disponibilidad per cápita nacional podría caer a 3,285 metros cúbicos por habitante, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.[^2]
El respiro del Cutzamala y sus límites
No todo el panorama es de deterioro continuo. Las presas del Sistema Cutzamala, que abastece a buena parte del Valle de México, llegaron a 70% de almacenamiento en mayo de 2026, el nivel más alto en siete años, luego de haber tocado apenas 27% en mayo de 2024.5 Para los 22 millones de personas que dependen de ese sistema, la recuperación de las presas es un alivio concreto.
Pero esa mejora no cambia los indicadores estructurales: más de 35 millones de mexicanos siguen sin acceso adecuado al agua, un tercio de los hogares con tubería no la recibe diariamente, y 40% del agua distribuida se pierde en fugas antes de llegar a una llave, según el mismo análisis.5

Qué sigue
La Conagua ha salido a garantizar el abasto en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas pese a las cifras de disponibilidad negativa, argumentando que las presas de la región llegaron al periodo de estiaje con niveles óptimos de llenado.1 Pero la discrepancia entre el discurso de garantía y los propios registros de disponibilidad que la dependencia publica plantea una pregunta de fondo para organismos operadores y gobiernos estatales: qué pasa cuando el agua que sostiene a una ciudad entera proviene, de forma estructural, de fuentes que la autoridad federal ya reconoce como agotadas.














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