Los organismos operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento en México —responsables de llevar el servicio a la población en prácticamente todos los municipios del país— enfrentan un problema estructural que compromete su capacidad de planeación a largo plazo: la altísima rotación de sus directores generales, cuya permanencia promedio en el cargo es de apenas un año y siete meses, según expuso la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento (ANEAS).
Un universo de más de dos mil organismos
En México, el suministro de agua potable no depende de una sola autoridad federal, sino de miles de entidades locales conocidas como organismos operadores. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el país cuenta con 2 mil 356 organismos operadores, de los cuales mil 567 dan servicio a poblaciones urbanas, 98 a poblaciones rurales y 691 atienden simultáneamente a ambos tipos de localidades.1
Estos organismos operan bajo figuras jurídicas muy distintas entre sí: pueden ser direcciones municipales, comisiones estatales, juntas locales, departamentos, comités comunitarios o incluso concesiones a empresas privadas, dependiendo de la estructura orgánica de cada municipio o entidad federativa.1 Un mismo organismo, además, puede prestar servicio a un municipio completo, a una fracción de él, o a varios municipios de una o dos entidades distintas.
Lo que hay que saber
- Universo de operadores
México tiene 2 mil 356 organismos operadores de agua, según el INEGI.
- Rotación directiva
Los directores generales permanecen en promedio un año y siete meses en el cargo, según ANEAS.
- Marco jurídico
México atraviesa una reforma reciente al régimen jurídico del derecho humano al agua y las concesiones.
La rotación que impide dar continuidad
La discontinuidad directiva fue el punto central señalado por Patricia Hernández, directora general de ANEAS, durante las Mesas de análisis sobre el nuevo régimen jurídico del derecho humano al agua y las concesiones, realizadas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.2 Hernández expuso los principales retos operativos que enfrentan los organismos operadores ante la reciente reforma al marco jurídico del agua en el país.
La funcionaria advirtió que un promedio de un año y siete meses al frente de un organismo operador impide construir proyectos de mediano y largo plazo, dar seguimiento a las obras iniciadas por administraciones anteriores o consolidar indicadores de gestión confiables.2
¿Qué proyecto puede funcionar así? No hay continuidad, no hay seguimiento y no hay indicadores
Patricia Hernández, directora general de ANEAS
Reforma al marco jurídico del agua
El señalamiento de ANEAS se dio en el contexto de la reciente reforma al marco jurídico del agua en México, que modifica el régimen de concesiones y busca reforzar el derecho humano al acceso al recurso. Hernández reconoció el trabajo impulsado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno federal y el Poder Legislativo, y consideró que la actualización normativa "definitivamente era un paso pendiente".2
La directora de ANEAS subrayó que la asociación acompañó el proceso legislativo desde su inicio, con presencia en los foros nacionales convocados para discutir la reforma.2 El acompañamiento de la asociación —que agrupa a organismos operadores de todo el país— busca que la nueva normativa incorpore mecanismos que atiendan la debilidad institucional derivada de la rotación de mandos directivos.
Transparencia, un pendiente adicional
A la inestabilidad directiva se suma otro problema documentado: el bajo cumplimiento de obligaciones de transparencia. Un análisis publicado por la revista académica de la Universidad Nacional Autónoma de México evaluó el acceso a la información de 112 organismos operadores de agua y saneamiento de las principales ciudades del país y encontró que solo cinco casos reportan un índice de cumplimiento superior a 0.80, mientras el resto se ubica por debajo de ese umbral.3
Ese hallazgo refuerza el diagnóstico expuesto por ANEAS: la combinación de alta rotación directiva y débil rendición de cuentas dificulta que los organismos operadores sostengan indicadores de gestión, den seguimiento a inversiones y respondan de forma consistente ante la población que dependen de sus servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
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