En marzo de 2014, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con apoyo de la Embajada Británica en México, publicó la Guía para la creación de organismos metropolitanos de agua potable y saneamiento en México, un documento que diagnosticó el mal funcionamiento generalizado de los organismos operadores municipales del país y propuso una alternativa institucional: agrupar a los municipios de una misma zona metropolitana bajo un solo organismo operador metropolitano, conocido por su acrónimo OOMet. Diez años después de su publicación, el documento sigue citándose como referencia técnica en proyectos estatales, entre ellos uno impulsado en Guanajuato frente a la sequía.
Un diagnóstico contundente sobre los organismos operadores
El punto de partida de la guía del IMCO es una afirmación tajante sobre el estado del sector hídrico urbano en México: ningún organismo operador de agua del país es capaz de ofrecer agua potable a su población.1
El documento explica que esto significa que los ciudadanos no pueden tener certeza de que si toman el agua directamente de la llave no se enfermarán.1 Según el IMCO, esa situación tiene consecuencias económicas y sanitarias: el gasto de los hogares en agua embotellada y bebidas endulzadas como sustituto, con los problemas de obesidad asociados, y las enfermedades intestinales derivadas de la contaminación del líquido.
El IMCO sostuvo que los indicadores de cobertura, calidad del servicio y eficiencia de los organismos operadores mexicanos están por debajo de lo esperable para el nivel de desarrollo del país, y concluyó que la evidencia es contundente: los organismos operadores no funcionan adecuadamente.1
La evidencia es contundente: los OO no funcionan adecuadamente.
IMCO, Guía para la creación de organismos metropolitanos de agua potable y saneamiento en México

Qué propone la guía
La guía persigue dos objetivos declarados: convencer a los tomadores de decisión del sector y a la sociedad de que crear organismos operadores metropolitanos es un paso fundamental para mejorar la provisión sostenible de los servicios de agua en las ciudades, y trazar los pasos concretos para transitar hacia ese modelo.1
Para sustentar la propuesta, el reporte retoma evidencia empírica sobre el desempeño de los organismos operadores mexicanos, analiza experiencias nacionales y extranjeras, y define los elementos clave que caracterizan a los organismos operadores exitosos.1
En un análisis posterior sobre el documento, el IMCO detalló las condiciones que debería reunir un organismo metropolitano: aprovechar economías de escala en la provisión del servicio, de forma que los costos por usuario disminuyan al incorporar más usuarios a la red; operar con autonomía frente a la interferencia política; contar con un consejo directivo u órgano de gobierno corporativo que dé seguimiento a metas; y sostenerse mediante un pacto institucional que le dé estabilidad frente a los ciclos políticos.2
Los elementos clave de un OOMet, según el IMCO
- Economías de escala
Los costos por usuario pueden bajar conforme se incorporan más usuarios a la red del organismo metropolitano.[^2]
- Autonomía operativa
El organismo debe operar como una entidad enfocada en resultados, sin interferencia política directa.[^2]
- Gobierno corporativo
Requiere un consejo directivo u órgano equivalente que dé seguimiento a metas y resultados.[^2]
- Estabilidad institucional
Un pacto institucional debe permitirle operar con independencia de los ciclos políticos y cambios de administración.[^2]
Más de 2,800 organismos operadores fragmentados
El diagnóstico del IMCO sobre la fragmentación institucional se apoya en una cifra que la organización ha reiterado en trabajos posteriores: en México existen 2,826 organismos operadores de agua, entendidos como las autoridades municipales a cargo de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales a nivel nacional.3
El IMCO ha señalado también que, junto a esta fragmentación, la infraestructura hídrica del país —desde presas hasta tuberías y alcantarillado— es en buena medida obsoleta y presenta deficiencias que afectan la gestión del agua.3 La guía de 2014 argumenta que, al dividir la operación del servicio entre cientos de municipios dentro de una misma zona metropolitana, se pierde la posibilidad de planear y financiar la infraestructura de forma coordinada.
El caso de Guanajuato
El documento del IMCO no quedó como un ejercicio exclusivamente teórico. En marzo de 2024, en el contexto de la sequía que afecta al estado, se dio a conocer en Guanajuato un proyecto para avanzar hacia la metropolización del servicio de agua, inspirado explícitamente en la guía del IMCO, aunque adaptado a las necesidades específicas de la entidad.4
La propuesta plantea la creación de un Organismo Operador Metropolitano (OOMet) que requeriría una estructura de colaboración entre el gobierno estatal, los municipios y los legisladores locales.4 Según el documento citado por Milenio, este enfoque pretende centralizar y mejorar la gestión del agua en Guanajuato, enfocándose en la eficiencia y sustentabilidad.
El proyecto guanajuatense retoma como referencias de modelos ya operando en el país a las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Baja California y al Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey, presentados como ejemplos de coordinación metropolitana exitosa a incorporar en el diseño local.4
Los OOMet jugarán un papel crucial en la planificación y ejecución de estrategias a largo plazo, adaptándose a los desafíos y oportunidades de cada región
Documento del proyecto de metropolización del agua en Guanajuato

El pendiente legislativo de fondo
La discusión sobre organismos metropolitanos se inserta en un problema institucional más amplio que el propio IMCO ha documentado: la falta de una nueva Ley General de Aguas. En febrero de 2012 se elevaron a rango constitucional los derechos humanos al acceso al agua y al saneamiento mediante la reforma del párrafo sexto del artículo 4° de la Constitución, y tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación se otorgó un plazo de 360 días para expedir una nueva ley que sustituyera a la Ley de Aguas Nacionales de 1992.3
Más de una década después de ese plazo, el Congreso de la Unión mantiene pendiente dictaminar y aprobar esa nueva Ley General de Aguas, lo que el IMCO ha señalado como una ventana de oportunidad desaprovechada para modernizar el marco regulatorio del sector, incluida la figura de los organismos metropolitanos.3












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