En México, el agua que llega a la llave de cada hogar no depende de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sino de un organismo operador municipal: una entidad —comisión, junta, sistema o dirección de agua— encargada de captar, potabilizar, distribuir y cobrar el servicio. Existen 2,864 organismos operadores en el país, de los cuales 2,660 son públicos y 166 privados, según un análisis difundido por el Instituto Belisario Domínguez (IBD)5. La mayoría, sin embargo, arrastra un problema estructural: no recauda lo suficiente para operar ni para invertir en la infraestructura que administra.
Qué hace un organismo operador
La Constitución asigna a los municipios la responsabilidad de prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y generalmente cuentan con organismos operadores para desarrollar esa responsabilidad6. Estas entidades pueden llamarse sistemas de agua, direcciones, comisiones, juntas locales, departamentos o comités, según la estructura orgánica del municipio o estado al que pertenezcan1.
Su función legal no se limita a distribuir agua: se encargan de operar, conservar y administrar los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento1, y pueden prestar el servicio a uno, dos o más municipios, incluso de entidades federativas distintas2. La Ley General de Aguas los define como entes con personalidad jurídica propia cuyo objeto es la prestación de esos servicios en el territorio de su competencia4.
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua señala que uno de los principios que deben regir su trabajo es tratar a los beneficiarios como usuarios con poder de voto y decisión, y copropietarios de la infraestructura, no como un objeto de lucro2.
Lo que hay que saber
- Cuántos hay
México tiene 2,864 organismos operadores de agua, de los cuales 2,660 son públicos y 166 privados, según el IBD.
- A quién sirven
De 2,356 organismos contabilizados por INEGI, 1,567 abastecen a poblaciones urbanas, 98 a rurales y 691 a ambas.
- Quién los regula
Operan bajo responsabilidad municipal, con la Conagua como autoridad federal que otorga concesiones de agua nacional.
Tarifas que no alcanzan a cubrir el costo real
El principal problema documentado por especialistas y por la propia Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS) es financiero. Según un análisis publicado por El Universal, la tarifa promedio nacional del sector doméstico es de 16.45 pesos, mientras el costo real por metro cúbico supera los 20 pesos, pero solo se cobra el 65%, por lo que los organismos reciben apenas 10.69 pesos por metro cúbico, es decir, cubren solo el 53% de sus costos totales8.
Esa brecha entre lo que cuesta producir el agua y lo que se cobra explica por qué, según explica un análisis de la revista del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), la recaudación por metro cúbico no es suficiente para pagar el costo de producción de dicho metro cúbico, y cuando sí se logra cubrir el gasto operativo, no quedan recursos para invertir en infraestructura ni rehabilitar redes9.
Descentralización sin capacidades técnicas
El Instituto Belisario Domínguez documentó que la transferencia de responsabilidades hídricas a los municipios se hizo sin que estos contaran con las capacidades financieras y técnicas necesarias para asumirlas, y en muchos casos bajo criterios políticos —no técnicos— para fijar tarifas y designar directivos5. El resultado, señala el análisis, son organismos que no pueden cumplir con sus obligaciones jurídicas, son financieramente insolventes y presentan sistemas hidráulicos con altas pérdidas de agua por falta de mantenimiento.
El fenómeno no es exclusivo de una región. En Tamaulipas, las Comisiones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado (Comapas) enfrentan niveles de morosidad de entre el 35% y el 70% de los usuarios11. En Zacatecas, 54 de 60 organismos operadores del estado presentaban números rojos, de acuerdo con el entonces secretario del Agua y Medio Ambiente, Víctor Armas Zagoya7.
Si la gente no paga, ¿de dónde sacas recursos para hacer obras?
Elvia Eguía Castillo, presidenta de la Comisión de Recurso Hidráulico del Congreso de Tamaulipas
Concesiones vencidas y vacíos legales
A la insuficiencia de tarifas se suma un problema jurídico: durante una reunión de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento con la Conagua, se advirtió que existen organismos operadores responsables de garantizar el derecho humano al agua que no cuentan con un título de concesión actualizado a su nombre, lo que genera riesgos legales y operativos10.
La directora de ANEAS hizo un llamado a despolitizar el tema del agua, en especial lo relativo a las tarifas, y advirtió sobre el riesgo de que el derecho humano al agua se quede solo en el papel si no hay reglas claras, financiamiento suficiente y coordinación efectiva entre órdenes de gobierno10.
Las tarifas no cumplen ni con los gastos operativos ni con el costo de producción. Es un tema político y así no podemos garantizar un servicio público
Directora de ANEAS
Saneamiento, el eslabón más débil
El problema financiero de los organismos operadores se refleja también en el tratamiento de aguas residuales. El país cuenta con 3,960 plantas de tratamiento de aguas residuales, de las cuales solo operan 2,642; se trata el 72.7% del agua residual recolectada, pero adecuadamente solo el 40%, y menos del 5% de las plantas cumple con la norma vigente NOM-001-SEMARNAT-20218.
- Falta de medición y facturación en el servicio
- Tarifas que no cubren el costo real de operación
- Rezago en infraestructura hidráulica y redes con más de 80 años de antigüedad en algunas ciudades
- Vacíos legales por concesiones de agua no actualizadas
- Alta morosidad de usuarios en municipios medianos y pequeños
Qué plantea el nuevo Programa Nacional Hídrico
Ante ese panorama, la Conagua publicó el Programa Nacional Hídrico 2026-2030, que pone énfasis en la gobernanza del agua mediante una mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno, organismos operadores, usuarios y sociedad civil3. El documento, que surgió de un proceso de consulta pública realizado durante 2025, identifica como uno de sus principales retos el deterioro y rezago de la infraestructura hidráulica en distintas regiones del país, así como las brechas de acceso a servicios de agua potable y saneamiento.
Entre las acciones planteadas figuran la rehabilitación de redes hidráulicas, la modernización de infraestructura de abastecimiento, el fortalecimiento de sistemas de saneamiento y la mejora en el monitoreo de la calidad del agua3. En el Estado de México, la Secretaría del Agua estatal y BANOBRAS ya profesionalizaron a 21 organismos municipales operadores en materia comercial, un esfuerzo que —según se reportó— permitió incrementos de recaudación de entre 40 y 70% en algunos municipios durante un periodo de prueba5.
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