En México, la responsabilidad de llevar agua potable, drenaje y saneamiento a los hogares recae en los organismos operadores de agua, entes municipales o intermunicipales que hoy suman 2,864 en todo el país, según el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado. Su papel es central: de su capacidad técnica y financiera depende que millones de personas reciban agua de forma continua y de calidad, pero un diagnóstico reciente advierte que la mayoría de estos organismos no puede cumplir con esa tarea.
Qué son y de qué se encargan
Los organismos operadores son entidades con personalidad jurídica propia cuyo objeto es prestar los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el territorio de su competencia, según establece la Ley General de Aguas1. Pueden llamarse sistemas de agua, direcciones, comisiones, juntas locales o comités, dependiendo de la estructura orgánica del municipio al que pertenecen2.
Constitucionalmente, la prestación de estos servicios corresponde a los municipios, que generalmente delegan la operación diaria en estos organismos3. Además de operar la infraestructura, deben realizar obras hidráulicas por sí mismos o mediante terceros y adoptar medidas para alcanzar su autosuficiencia financiera, de acuerdo con la Guía para Organismos Operadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua2.
Lo que hay que saber
- Cuántos hay
México cuenta con 2,864 organismos operadores de agua, de los cuales 2,660 son públicos y 166 privados, según el IBD[^1].
- A quién atienden
De ese total, 1,642 dan servicio a poblaciones urbanas y 1,184 a localidades urbanas y rurales, con datos del INEGI de 2019 citados por el IBD[^1].
- Base legal
El artículo 115 constitucional asigna la gestión del agua a los municipios, quienes operan a través de estos organismos[^7].
Un diagnóstico de insolvencia generalizada
Una investigación del Instituto Belisario Domínguez, titulada "Indicadores de evaluación para los Organismos Operadores de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento a nivel municipal", concluye que la mayor cantidad de estos organismos son financieramente insolventes, no pueden cumplir con sus obligaciones jurídicas y presentan sistemas hidráulicos con altas pérdidas de agua por falta de mantenimiento1. El documento agrega que ni siquiera contar con una cuenca abundante en recursos hídricos garantiza un servicio de calidad, continuo y sostenible para la población.
Estudios académicos previos, como el publicado en la revista Gestión y Política Pública, muestran que del total de agua que se factura, casi una cuarta parte —23.7%— no llega a recaudarse, lo que desincentiva la conservación del recurso y perjudica la viabilidad financiera de los organismos4. En promedio, los ingresos de una muestra de 106 organismos cubrían apenas el 80% de sus costos de producción, sin incluir las inversiones necesarias para modernizar infraestructura.
La gran mayoría de los sistemas de agua u Organismos Operadores de Agua (OOA) municipales en nuestro país están quebrados; son insostenibles financieramente, son insolventes y tienen excesivos niveles de endeudamiento, incompatibles con sus ingresos.
Análisis publicado por Yahoo Noticias sobre la situación de los OOA en México
Pérdidas de agua, el problema estructural
El deterioro de redes y la falta de medición se traducen en pérdidas físicas y comerciales que rondan niveles críticos. Un análisis del IMEF estima que el agua no contabilizada en México llega en promedio al 40%, mientras la eficiencia física de los organismos responsables se ubica cerca del 60%, con potencial de llegar a 85% si existiera voluntad política y recursos suficientes5. Otro reporte citado por RETEMA sitúa las pérdidas en redes de agua potable en niveles cercanos al 50%6.
Estas pérdidas no son solo un problema técnico: si el agua no se mide ni se factura, no se cobra, lo que reduce los ingresos del organismo y dificulta cubrir los costos operativos del servicio5. El mismo reporte de RETEMA señala que solo el 58% de la población del país recibe agua diariamente en su domicilio, con Guerrero como el estado más crítico, y que 21.3 millones de habitantes carecen de servicio público de agua6.
Programas de apoyo y respuesta federal
Para atender estas carencias han operado programas federales como el PRODDER (Programa de Devolución de Derechos), que permite regresar como inversión en infraestructura una parte de los derechos pagados por el uso del agua, con el fin de mejorar redes de distribución, reducir fugas y fortalecer la operación de los sistemas7. Sin embargo, la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS) reportó que, a marzo de 2026, la mayoría de los organismos operadores aún no había recibido los recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2025.
En paralelo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) publicó en mayo de 2026 el Programa Nacional Hídrico 2026-2030 en el Diario Oficial de la Federación, que pone énfasis en la gobernanza del agua mediante una mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno, organismos operadores, usuarios y sociedad civil8. El documento identifica como uno de sus principales retos el deterioro y rezago de la infraestructura hidráulica en distintas regiones del país.
- Reducir las pérdidas físicas y comerciales de agua en las redes de distribución
- Fortalecer la recaudación y la eficiencia comercial de los organismos
- Modernizar infraestructura hidráulica con apoyo de programas como el PRODDER
- Mejorar la coordinación entre municipios, estados y la federación
Casos que se citan como referencia
Frente al panorama generalizado de insolvencia, algunos organismos se citan como referencia de gestión: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), en Guanajuato, que han logrado ampliar coberturas y reducir pérdidas en sus redes9.
En contraste, la mayoría de los organismos —de acuerdo con la literatura académica citada— enfrenta un horizonte de planeación estrecho, ya que sus cuerpos directivos suelen renovarse cada tres años con el cambio de gobierno municipal, además de arrastrar deudas con la propia Conagua y con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por derechos y tarifas no pagados9.
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